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Se paga lo que se debe y se debe lo que no se paga

 

  • De las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, cerca de un tercio se deben a la morosidad. El autor cree que hay que acabar de raíz con un hábito al que no cabe poner más parches.

Se paga lo que se debe y se debe lo que no se pagaLa primera de estas frases es una obviedad incierta, al menos en España, porque no se paga lo que se debe. Somos tradicionalmente morosos, una costumbre que está haciendo estragos al verse sin soluciones tajantes y tangibles en el horizonte. Desde que se inició la crisis, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) estima que de unas 500.000 empresas que han desaparecido (200.000 pymes y 300.000 autónomos), un tercio ha sido debido a la morosidad.

Parte de culpa la tienen las Administraciones públicas, incluso el propio Gobierno, que se limita a parchear el problema con un plan de pago a proveedores sobre otro. Según el último informe de la PMcM relativo a 2012, tras la puesta a cero conseguida con el primer plan de pago a proveedores, la Administración tardaba de media unos 141 días en pagar y el sector privado, 93, frente a los plazos exigidos para entonces por ley de 40 y 75 días, respectivamente. Después llegó una ampliación del plan, cuyo plazo para acogerse acabó este lunes, y este mismo miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba otro nuevo. Celebramos su puesta en marcha porque, aunque de manera indirecta, inyectará liquidez a las empresas. Pero el problema es el de nuevo y nada más.

Tras la puesta en marcha del primer plan de pago, la Administración tardaba unos 141 días en pagar

Gracias al primer plan de pago, unos 115.000 autónomos y pymes cobraron sus facturas pendientes y se logró mantener o crear un total de 174.000 puestos de trabajo. Con la pasada ampliación y el recién anunciado plan ocurrirá algo parecido, pero la cuestión es si pagar no debería ser un acto natural en lugar de producirse a golpe de búsqueda de financiación. No se desean más parches (nada menos que tres en apenas un año), lo único que se exige es que se pague como se debe, o lo que es lo mismo, que se pague lo que se debe, en plazos y sin extras.

Es esperable que no se necesiten nuevos planes de este tipo en el futuro, que este sea el último y se convierta en un punto y aparte en la lucha contra la morosidad y no en un punto y seguido, como estamos acostumbrados a ver.

La Unión Europea (UE) ya ha anunciado que puede empezar a abrir procesos de sanción contra los países incumplidores. La constante interlocución con esta entidad nos hace estar aún más cerca del problema. Sabemos de primera mano que la UE está presionando a España. El Gobierno ha sido rápido en limpiar todo rastro moroso, pero si no se toman las medidas necesarias muy pronto volveremos a la misma situación y, posiblemente, nos veamos envueltos en una denuncia.

"Predecimos que Montoro usará el margen de déficit que logre de la UE para pagar a proveedores”

Nuestras intuiciones se cumplen. Pasó con las inyecciones de 27.000 y 2.700 millones de euros en sendos planes de pago a proveedores. Ahora tenemos otra predicción absolutamente fundada. Montoro usará el margen de déficit que logre de la UE para pagar a proveedores. El Gobierno está estudiando cómo integrar esos importes en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de este año. Es por ello que a fecha de hoy nadie puede concretar la dotación del Gobierno a este nuevo plan de pago a proveedores. Haciendo unos cálculos rápidos, dado que el PIB es actualmente de un billón de euros, subir 1,5 puntos aportaría al Gobierno alrededor de unos 15.000 millones de euros adicionales, pero, en cualquier caso, aún desconocemos la cantidad que dedicará.

Desde la PMcM instamos a que, desde el mismo día de hoy, se empiece de verdad a pagar en los plazos que marca la directiva europea y la normativa española aprobada con el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero. En el momento en el que las Administraciones públicas lo hagan (a 30 días máximo), sin duda se producirá un revulsivo en nuestra economía porque la Administración es el primer contratador en España.

Si las Administraciones públicas pagaran en plazo (recordemos que el dinero de las arcas lo hemos aportado entre todos los ciudadanos), podría comprar mejor y sobre todo a mejores precios, y ser más eficiente y eficaz, lo que, sin lugar a dudas, repercutiría en nuestros bolsillos.

La lacra de la morosidad debe atajarse, pero no a base de inyecciones para saldar deudas acumuladas

Además, ahorrarían las cantidades relativas a los intereses de demora (8,75% anual) y también los intereses (en torno a un 7%) de los préstamos por los planes de pago a proveedores. Asimismo, en la PMcM hemos detectado que, ante la previsible demora de las Administraciones públicas para pagar sus deudas, algunas empresas proveedoras cargan a las mismas los costes de financiación de las operaciones comerciales que mantienen. Un suma y sigue.

La lacra de la morosidad debe atajarse, pero no a base de inyecciones para saldar las deudas acumuladas sino acabando de raíz con el hábito. Son muchas las soluciones, como implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, generalizar la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción, que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas, acabar con el trato de favor de algunos colectivos ante la ley derogando los artículos 17 de la Ley del Comercio Minorista y 228 de Contratación Pública, y crear el Observatorio contra la Morosidad que contempla la participación activa y explícita de la PMcM y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.

Las medidas tienen que establecerse para hacer cumplir los plazos de pago estipulados, tanto se trate de Administraciones públicas como empresas del sector privado. En este sentido, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad propone un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros.

Tendría que suceder como cuando un empresario tarda en pagar a Hacienda el IVA, que tiene que afrontar un recargo (del 20%), o como cuando un ciudadano es sancionado por cometer una infracción, pero divina teoría del embudo... En fin, en España no se paga lo que se debe y no se debe lo que no se paga. Frases que se volverán inciertas obviamente solo después de que truene Santa Bárbara. ¿Estamos preparados para la tormenta que se avecina?

Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

 

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2013/04/04/economia/1365098999_121724.html

 
 

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