• Inicio
  • Cursos y talleres
  • Temas de interés
  • Artículos
  • Contacto
 
 

 

   

Inicio

Facebook

Twitter

LinkedIn

Búsquedas en el sitio

Telefónos

Contacto

Inicio

Buenos Aires

Facebook

Twitter

Linkedin

Google +1

Buscar Teléfono Contacto

OPORTUNIDAD ÚNICA, CURSO GRATIS A DISTANCIA : 

TELECOBRADOR JUNIOR INFORMES E INSCRIPCIÓN

Capacitación en gestión de cobranzas. Capacitación y entrenamiento de cobradores. Capacitación para reducir los tiempos de cobranzas.

CURSOS Y TALLERES.

ÚNICOS EN EL MERCADO.

TOTALMENTE PRÁCTICOS

MÁS INFORMACIÓN  >>>

LECTURA RECOMENDADA:

LOS LIBROS DEL DR. EDUARDO  BUERO

Cómo conseguirlos

Como cobrarle a un deudor que no quiere pagar

Tercer libro

del Dr. Buero

NOVEDAD

Más info

Dr. EDUARDO JORGE BUERO

Especialista y disertante internacional en cobranzas

Ver currículum

Dr. Eduardo Jorge Buero, especialista y disertante internacional en cobranzas

CURSOS A DISTANCIA DICTADOS POR EL DR. BUERO >>>

Hay que cobrarles a los morosos

Esta campaña electoral incipiente puede ser una excelente oportunidad para que los candidatos den una respuesta a los honestos, que son la mayoría.

 

Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes

 

El Gobierno provincial había anunciado una iniciativa de llamar a licitación para contratar una consultora externa para gestionar la cobranza de deudas de contribuyentes morosos y esto originó una serie de movidas políticas, aprovechando los tiempos electorales, oponiéndose a la medida.
Hay que cobrarles a los morosos
Pareciera que los que se oponen persiguen el objetivo de no cobrar a los morosos porque, ante una propuesta sólo se oponen y no plantean una alternativa distinta o mejor para perseguir el cobro de las acreencias de la provincia, que son pagadas por la mayoría de los contribuyentes.

Como era un proyecto, nadie conoce a ciencia cierta cuál era el método de contratación pero, por la dudas, se alzaron voces contrarias argumentando que “no se puede privatizar la cobranza”, lo que indica un desconocimiento real de los métodos que utiliza la Dirección General de Rentas.

En realidad, la DGR tiene convenios con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y con la Bolsa de Comercio por los cuales estas entidades proveen ventanillas adicionales de cobranza para el pago de impuestos a aquellos contribuyentes que pagan regularmente sus tributos. También hay un convenio con una entidad privada de cobranzas que tiene ventanillas en todo el país.

Para el pago normal no existe la posibilidad de ninguna connivencia dolosa con evasores. La DGR mantiene sus facultades de fiscalización -que son indelegables- y el ingreso de los tributos se produce por bancos o a través de entidades. En todos los casos, la DGR paga una comisión por este servicio que, en algunos casos, incluye personal para asesoramiento, planes de pago y otras gestiones.

Puesto en la boca de los opositores, esta cobranza está “privatizada” porque la hacen terceros y constituye el 80% de la facturación de la DGR. Pero el problema no está aquí. El verdadero problema está en la cobranza de los morosos y hay que reconocer que muchos no pagan, no porque no puedan sino porque saben que la DGR no posee herramientas procesales eficientes para poder cobrar.

Así, esperan planes de facilidades, o incluso no pagan, en la expectativa de presentarse en concurso.

Estamos hablando de deudores importantes, tanto que se reveló que había un número muy grande de deudores del impuesto automotor de autos modelo 2009 a 2011. O sea, habían comprado autos 0 km pero decidieron no pagar el impuesto porque el riesgo del incumplimiento es muy bajo. No hablamos de pobres ni de indigentes sino de gente que sabe que el gobierno no dispone de herramientas ejecutivas, como sí las tiene la AFIP, para exigir el cumplimiento de las obligaciones.



Una historia de fracasos

Mendoza debe reconocer una importante historia de fracasos en materia de cobranzas de deudas, que transformó a los deudores en exitosos y, a los cumplidores, en tontos útiles.

Más allá de los que han pagado esperando moratorias, con quitas de capital o intereses, a los que ha debido recurrir la provincia en varias oportunidades, hay un antecedente cercano que es bastante claro y son las deudas que tenían los bancos oficiales al momento de su privatización y fueron derivadas a un organismo denominado “Ente de fondos residuales” que debía cobrar unos 800 millones de pesos (pesos-dólares).

El Ente fue creado después de una oposición legislativa a que se privatizara la gestión de cobranzas que, originalmente, y vía una licitación, se había adjudicado a un grupo de abogados.

Después de que se decidió que lo administrara el Estado, hubo que contratar a grupos de abogados para que hicieran las gestiones legales pertinentes pero, en su transcurso, hubo una serie de iniciativas legislativas que duraron casi toda la gestión del ex gobernador Roberto Iglesias, por las cuales se aplicaron quitas, descuentos y demás, que hicieron que los pocos que pagaron, casi no pagaran nada.

Este antecedente no hace más que hacer previsible a la clase política mendocina, cuyos integrantes creen que se gana popularidad permitiendo a los morosos no pagar sus deudas cuando son sólo una minoría de la clase media y alta provincial.

Algo hay que hacer

La propuesta del gobierno puede ser perfectamente discutible pero no basta con oponerse. Hasta ahora nadie ha presentado una alternativa superadora para solucionar un problema que no se soluciona. Hoy es un tema coyuntural pero si se mantienen las conductas en el tiempo, se transformará en un problema estructural porque se habrá generado un hábito cultural de no pagar los impuestos lo que, seguramente, conseguirá sumar adeptos en el tiempo.

Los empleados dicen que hay que reforzar presupuestariamente a la DGR y probablemente sea cierto, pero también es real que con más personal y más presupuesto no se solucionan las trabas procesales que no permiten a la provincia acelerar el cobro y asegurar el ingreso de los tributos.

Lo llamativo es que hasta ahora no se ha conocido alguna iniciativa legislativa para modificar la parte procesal del Código Fiscal de la provincia, que podría facilitar la acción recaudatoria de la DGR. Tampoco existen normativas que exijan el certificado de libre deuda de Rentas para operaciones registrales o bancarias, salvo cuando se va a enajenar un bien mueble o inmueble.

Hasta ahora, los morosos están felices. Por cuestiones electorales, tanto desde el oficialismo como desde la oposición les están diciendo que se queden tranquilos que nadie los va a molestar para cobrarles. Y estamos frente a un dilema ético o moral. ¿Qué explicación, qué incentivo hay para los que cumplen, si los que no cumplen no sólo no tienen castigo sino que son protegidos por el poder político?

Esta campaña electoral incipiente puede ser una excelente oportunidad para que los candidatos den una respuesta a los honestos, que son la mayoría.

 

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/7/3/cobrarles-morosos-578167.asp

 


 

 
 

www.cursosdecobranzas.com.ar

 
 

Diseño web Argentina Posicionamiento SEO  Otros trabajos de diseño web